EXTRA 25-6-17
Cinco
mil leyes listas para ser derogadas
Gloria Bejarano
Almada
De acuerdo al SINALEVI, el Sistema Nacional de Legislación
Vigente, en Costa Rica hay un acumulado de 19.723 leyes. Miles de leyes vigentes
que se han ido sumando desde nuestra independencia sin que nos hayamos dado el
tiempo de analizar si mantienen su relevancia. Leyes que se contraponen,
duplicadas, obsoletas, antiguas, en desuso, que carecen de interés, sentido o
vigencia.
Los principios que rigen al sistema jurídico dicen que ninguna
ley entra en desuso en tanto no sea derogada explícitamente, por lo que pueden
ser invocadas y generar confusión.
En fecha reciente se aprobó la ley contra el maltrato animal,
pero ya a finales del siglo XIX se promulgó una ordenanza que también prohibía
las peleas de gallos. Sigue vigente la declaratoria de guerra en contra del
Imperio Alemán así como la declaratoria de guerra contra el Japón en 1941, la
pensión de las viudas de 1886, el Estatuto de la Universidad de Santo Tomás, la
Ley N° 55 de 1885 “sobre uniformes de las bandas militares”, y la Ley N°36 del
30 de julio de 1885 que “Exonera importación de artículos de consumo para
Limón” entre muchas miles más.
Derogar leyes es una potestad que le atribuye la Constitución a
la Asamblea Legislativa, sin embargo, desde nuestra independencia menos de un
8% de la legislación emitida ha sido explícitamente derogada por los diputados,
lo que ha dado como resultado la acumulación de miles de leyes que conforman
una verdadera maraña legal que atenta contra la seguridad jurídica de los
ciudadanos y sus instituciones.
Como diputada solicité al Directorio Político la conformación de
una Comisión Especial de Derogatorias conformada por el SINALEVI, el Colegio de
Abogados, la UCR y la Universidad de Santo Tomás, apoyada por los técnicos y
asesores del Congreso y coordinada por mi despacho. Esta Comisión trabajó por
más de tres años analizando más de diez mil leyes, de un listado que
proporcionó la Procuraduría General de la República. Como resultado de este
trabajo se presentaron nueve proyectos de ley que buscan la derogatoria de casi
cinco mil leyes, se analizaron cinco mil más y se entregó al Ejecutivo un
listado de alrededor de diez mil Decretos Ejecutivos obsoletos que igualmente
pueden ser abolidos.
A pesar que todos los proyectos fueron acompañados con la firma
de casi la totalidad de los diputados, no fue posible su discusión y
aprobación. Cuando me preguntan por qué no se han aprobado, no tengo una
respuesta pero sí creo que hay un gran recelo. Un diputado, por ejemplo, me
indicó que antes de llevarlos a votación quería que sus asesores volvieran a
revisar todas las leyes por derogar, mismas que habían analizado los abogados
de los departamentos legales de ministerios e instituciones autónomas, así como
los comités del Colegio de Abogados, los procuradores y asesores del
Congreso.
Fuera por desconfianza o por falta de costumbre los proyectos no
fueron siquiera discutidos, y están en camino de ser archivados al darse por
terminado su plazo cuatrienal. El primer proyecto que se presentó bajo el
expediente 18.705, acaba de ser rescatado y presentado de nuevo a la corriente
legislativa, gracias al interés del diputado Otto Guevara.
Entiendo lo difícil que es analizar los proyectos de ley que no
responde al interés de los diputados en turno, por ello propuse la creación de
una Comisión de Derogatorias que se encargará de la depuración de nuestro
ordenamiento jurídico, como una tarea permanente, sistemática y no esporádica.
Una comisión que mantenga actualizado nuestro ordenamiento jurídico y garantice
la seguridad jurídica en Costa Rica.
Quisiera pensar que incluso pudiéramos ir más allá, y que esta
comisión de alto nivel, sea quien recomiende la admisibilidad de los proyectos
legislativos, con el fin de que los proyectos que entren a la corriente
legislativa tengan mayor viabilidad y respondan a una verdadera necesidad. El
país necesita urgentemente depurar sus leyes y garantizar una mayor pertinencia
y calidad en los proyectos que se discuten en el Congreso.
